Datos y transparencia desde el sector pesquero

De nuevo el sector pesquero y lamentablemente cada vez con más frecuencia, se ve inmerso en la incertidumbre y arrastrado por una decisión muy polémica y preocupante como es el cierre de 94 áreas de pesca por parte de Comisión europea y su DG Mare a la cabeza y sobre las cuales operan las flotas de arrastre y palangre de fondo de distintos Estados Miembros, en una serie de puntos geográficos que van desde el Golfo de Cádiz hasta el caladero de Gran Sol hasta el oeste de Escocia.

Me tienen que permitir la expresión: “el roto no puede ser más grande y en menos tiempo…” resulta llamativa la “prontitud” con la que se toman determinadas decisiones.

En primer lugar, éstas se basan en datos referidos al arrastre y en segundo lugar se abre a una situación geográfica a “todo el Atlántico”. Es posible que no se pueda hacer con mayor ligereza y con mayor desconocimiento de las consecuencias que este tipo de decisiones pueden tener para el conjunto del sector.

Se ha legislado para un conjunto de pesquerías, entre ellas el palangre de fondo, en base a unos datos no actualizados sobre arrastre.

A partir de aquí, los Estados miembros más directamente afectados y el propio sector han comenzado con la adopción de medidas, entre ellas la interposición de los oportunos recursos que consigan la revisión del Reglamento de ejecución por entender que lesiona gravemente los intereses pesqueros y carecer del mínimo rigor científico que avale tal disposición.

Otro ejemplo de toma de decisiones en la gestión pesquera se produjo en el año 2020 con un Informe ICES (mayo 2020) referido a la interacción de cetáceos con la pesca y estableciendo una serie de recomendaciones, entre ellas la adopción de medidas drásticas como es el cierre de determinadas pesquerías durante varios meses, lo cual llevaría a la perdida de la correspondiente costera o la utilización de elementos disuasorios que eviten su captura.

El citado Informe y de forma preventiva provocó una serie de actuaciones por los Estados afectados, que para el caso de España, inició en 2021 y ha continuado en 2022, para determinar en qué nivel de riesgo nos encontrábamos ante las citadas recomendaciones. Efectivamente España ha tenido que realizar un gasto en la obtención de datos que permitan mitigar las recomendaciones ya hechas en 2020 y que desde la misma institución ya se indicaban que también no eran actuales, pero sí los únicos disponibles.

Un ejemplo más lo podemos encontrar en la gestión de capturas de atún rojo en el mediterráneo. Era absolutamente necesario regular esta pesquería dado el riesgo de colapso de esta. Se establecieron cuotas por artes de pesca y flotas. ¿Cuál es la situación actual? Pues sencillamente que la falta de agilidad institucional está provocando una super abundancia de la especie y se está rompiendo el equilibrio biológico con otras especies como es el caso de los pelágicos. Estamos ante una especie muy voraz que deja sin pescado a los pescadores y sin embargo no se ha hecho un seguimiento con obtención de datos que permita de manera automática modificar el sistema de cuotas.

Lo que si parece claro es que Bruselas legisla muy lejos de la realidad y cada día son mayores los desatinos hacia la pesca, que hacen que se apodere de un carácter incierto e inseguro para la continuidad de la actividad pesquera.

No podemos olvidar y los responsables pesqueros comunitarios menos aún, que el mar es un medio enormemente complejo en el que conviven seres vivos de muy diferentes características biológicas. A la vez, en él se desarrollan diferentes actividades humanas también de diferente naturaleza y en constante evolución. Por tanto, el medio marino es un ecosistema donde conviven desde tiempos inmemoriales ambos elementos con la necesidad de mantener un equilibrio que se ve afectado también por sus condiciones variables, entre las que se incluyen las meteorológicas y climáticas.

A este respecto, solo indicar que existen otros usuarios del medio marino que ejercen sus actividades como el transporte de mercancías y turístico, la energía eólica (hoy tan de moda), la minería, las conducciones eléctricas, de gas, comunicaciones, el turismo, y donde de manera sorpresiva podemos encontrar que la actividad pesquera solo incide en un 5% del total de los distintos usos. Siendo esto así, cómo es posible que exista tanta regulación y lo que es peor: tan cambiante.

Lo que sí parece claro es que el sector necesita dotarse de herramientas que le permitan contrarrestar lo que desde otras instancias se da como válido y en razón de esta premisa, alguien empieza a legislar.

Basta aquí traer a colación la labor realizada por el propio sector en relación con la observación electrónica en buques pesqueros en 2020 y la consiguiente publicación de la Norma UNE 175.007. Se consiguió una autorregulación entre todos los actores que intervienen en esta cuestión con 2 objetivos claros: darle obtener y gestionar datos y exhibir la transparencia del propio sector. 

Como en cualquier pleito, parece claro que aquí también resulta necesario que el propio sector acumule evidencias de carácter técnico, sectorial y científico que provoquen cuando menos la constatación en, como poco, la igualdad de condiciones a la parte administrativa y política.

La posición y el discurso de los efectos económicos y sociales en muchos de los casos, no se prevé como suficiente y se deben aportar pruebas irrefutables que demuestren el error de la contraparte.

Desde distintos foros se detecta que el sector pesquero español no ha sabido comunicar a la sociedad y a sus administraciones tutelantes todos los elementos necesarios para alcanzar un grado de transparencia y de objetividad que permita la toma de decisiones acordes con su propia realidad.

Ahora se manejan los conceptos de sostenibilidad, interés por el mantenimiento del medio marino como fórmula de sustento y relevo generacional, cambio climático, cogobernanza, actividades colaborativas y un extenso repertorio, que necesita en todo caso de la tenencia de información y de datos objetivos que avalen todas las actuaciones del sector.

El sector pesquero debe revelarse ante la constante presunción de actos ilícitos que se le imputas con datos anticuados o inexistentes o extrapolados de otras pesquerías y se siga regulando su propia actividad pesquera que, por cierto y como he comentado en mis primeras líneas afecta al 5% del conjunto de las actividad realizadas sobre el medio marino.

Faltan datos, falta visibilidad y falta transparencia en las actuaciones. Aquí no hay nada que ocultar y por tanto lo que hay que hacer es comunicar, comunicar bien, con mensajes cortos, directos y dar información basada en datos con evidencias económicas, sociales y científicas hasta llegar a convencer. A convencer, porque va de eso, de convencer a todos de que se está ante un sector transparente y que tiene como objetivo la conservación (*) del medio marino.